- Con el fin de fortalecer la gestión y ejecución de diferentes iniciativas y programas para la atención a grupos étnicos y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Departamento para la Prosperidad Social vinculará a estas nuevas familias al programa IRACA.
- Serán hogares de comunidades indígenas y afrocolombianas de 32 municipios de Cesar, Caldas, Vichada, Putumayo, Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, La Guajira y Magdalena.
- IRACA es una intervención rural integral con enfoque diferencial a través de proyectos de seguridad alimentaria y el fomento de prácticas productivas.
Bogotá D.C., mayo 28 de 2019. El Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, se convierte en un reto para varias entidades del estado, entre ellas el Departamento para la Prosperidad Social como responsable a nivel nacional de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y alcanzar la equidad social.
Es así como 13.800 familias de comunidades indígenas y afrocolombianas de 32 municipios de Cesar, Caldas, Vichada, Putumayo, Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, La Guajira y Magdalena serán vinculadas al programa IRACA este año.
IRACA es una estrategia del Gobierno nacional, a través del Departamento para la Prosperidad Social, que promueve la seguridad alimentaria en torno a los ejes de disponibilidad, acceso y consumo; contribuye al fortalecimiento de las familias participantes y de sus comunidades; e impulsa proyectos productivos comunitarios que contribuyan a la dinamización de las economías propias.
“Necesitamos robustecer la gestión y ejecución de las diferentes iniciativas sectoriales para beneficiar a las comunidades étnicas, por eso desde Prosperidad Social invertiremos cerca de $98.000 millones para la atención de13.800 familias con el programa IRACA, una intervención rural integral con enfoque diferencial“, afirma Susana Correa Borrero, directora general de la Entidad.
Durante aproximadamente 18 meses, los hogares participantes y la comunidad recibirán acompañamiento social y técnico en tres componentes: Seguridad Alimentaria, promovida en torno a los ejes de disponibilidad, acceso y consumo, en articulación con los sistemas tradicionales de producción, así como con las prácticas culturales, alimenticias para la producción o acceso a alimentos para autoconsumo.
Por su parte, el componente de Fortalecimiento Social y Organizacional contribuye al fortalecimiento de los hogares y sus comunidades, aportando a la consolidación de la confianza, la visión de lo colectivo y del capital social, en tanto que, con el componente de Proyectos Productivos comunitarios, se impulsan iniciativas que contribuyan a la dinamización de las economías de estas familias.
“Estamos trabajando en el fortalecimiento y la generación de acciones diferenciadas para estas comunidades, que creen condiciones de equidad en el acceso a bienes y servicios. Ellas cuentan con el potencial para mejorar sus condiciones de vida, pero es necesario brindarles herramientas para lograrlo, respetando su cosmovisión y sus tradiciones“, explica por su parte Ana María Palau, subdirectora general de Programas y Proyectos del Departamento para la Prosperidad Social.
“Somos un estado social de derecho, pluriétnico y multicultural, por eso trabajaremos para promover el goce de derechos fundamentales, integrales y colectivos, y la igualdad de oportunidades para las comunidades étnicas que viven en condición de vulnerabilidad. Queremos empoderarlas y darles herramientas para que puedan trabajar en su propio desarrollo“, concluye la directora general de Prosperidad Social Susana Correa.