Bogotá D.C. 24 de enero de 2024.

El Departamento para la Prosperidad Social, desde agosto de 2022, ha implementado un plan anticorrupción para detectar y evitar prácticas ilegales que hoy ocupan la atención de las autoridades judiciales y de los entes de control, ajenos al actual gobierno.

Con ese objetivo se han desarrollado los siguientes mecanismos:

1.- Planes conjuntos con la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación para el buen uso de los recursos y bienes públicos.

2.- Apoyo a las labores investigativas de la Fiscalía General de la Nación y organismos de control. Confiamos en que la ley se aplique con quienes han empañado el buen nombre y misión social de nuestra entidad.

3.- Programas de Transparencia y Ética Pública para “identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de corrupción”, conforme a la ley 2195 de 2022, con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

4.- Fortalecimiento del equipo de control interno y su inclusión en los comités de contratación.

5.- Una auditoría al programa Iraca Zona II, derivó en cuatro hallazgos: 1) No hubo estudio de costos; 2) No se registró información completa en el SECOP; 3) Deficiencias en la planeación contractual; 4) Inconsistencias en las firmas de entrega de donaciones a comunidades vulnerables. El informe fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República.

6.- Este plan de choque mereció la calificación de 99 puntos sobre 100 en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación.

7.- Seguiremos empeñados y comprometidos en pulir y mejorar sistemas de focalización de territorios y comunidades para hacer una eficiente distribución del gasto en los proyectos de infraestructura social y Hábitat.

El diálogo y la transparencia serán pilares en nuestro compromiso de llegar con ayuda a los olvidados y más vulnerables de Colombia.