Prosperidad Social iniciará a partir del 30 de junio la tercera fase de entrega de ayudas sociales a los participantes de Familias en Acción y Jóvenes en Acción en el marco de la emergencia por COVID-19.
Prosperidad Social rindió cuentas esta semana sobre la gestión realizada en 2019, destacando la atención de 2,3 millones de hogares con Familias en Acción, la ampliación de cobertura de Jóvenes en Acción y el diseño de una estrategia para la superación de la pobreza acorde con los principios de política moderna establecidos por el Gobierno nacional.
Prosperidad Social ha estado a la cabeza de la estrategia desplegada por el Gobierno nacional para enfrentar la crisis social provocada por la pandemia de Covid-19. La entidad acompaña a más de 3 millones de hogares pobres para que puedan garantizar sus necesidades básicas incluso en medio de la situación actual.
El jueves 25 de junio el sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, conformado por Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), realizarán la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.
La directora general de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, informó un nuevo avance en la entrega de ayudas sociales por la emergencia por COVID-19. Ya han sido dispersados los incentivos a 2 millones 520 mil Familias en Acción, de las cuales han cobrado 2 millones 280 mil familias, es decir, el 84.1%, correspondientes al segundo pago del año y al giro adicional extraordinario por la emergencia autorizado por el presidente Iván Duque con una inversión de 700.502 millones de pesos. Así mismo, con corte al 10 de junio, 262.000 Jóvenes en Acción, es decir, el 88.4% han reclamado incentivos por el orden de los 179.000 millones de pesos.
Con el fin de desarrollar acciones tendientes a la superación de la pobreza en las regiones colombianas y de responder al impacto que tendrá entre los más vulnerables la pandemia del COVID-19, Prosperidad Social anunció que los alcaldes y gobernadores deben dar cumplimiento a la Ley 1785 de 2016 y elaborar un Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema, MLPE.
Prosperidad Social inició con la reactivación de proyectos de infraestructura social que se encontraban suspendidos a causa del aislamiento preventivo por el COVID 19. Así lo informó la directora general, Susana Correa Borrero quien además afirmó que se establecieron medidas para garantizar la salud y el bienestar de las comunidades intervenidas.
Tras varias semanas de intenso trabajo del equipo nacional con los operadores de los programas y los equipos territoriales, la directora general de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, anunció la reactivación de la ruta operativa de los programas de inclusión productiva apelando al uso de canales virtuales, medios alternativos, programas radiales y de televisión local, principalmente.
La directora general de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, informó que fueron dispersados los incentivos a 2 millones 327 mil Familias en Acción, correspondientes al segundo pago del año y al giro adicional extraordinario por la emergencia por Covid-19, autorizado por el presidente Iván Duque, que ascienden a 645.139 millones de pesos. Así mismo, con corte al 4 de junio, 244.495 Jóvenes en Acción ya han reclamado incentivos por el orden de los 168.000 millones de pesos.
Con el fin de promover una amplia participación de las entidades territoriales y lograr una mayor pluralidad de oferentes en la Convocatoria 001 de 2020, Prosperidad Social extendió el término de tiempo para la presentación de proyectos de construcción de infraestructura social y productiva, que contribuya a la generación de ingresos y a mejorar la calidad de vida de las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad en el país.
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