Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y después de Haití el segundo más desigual de América Latina, en la actualidad enfrentamos una grave crisis humanitaria que si bien es cierto obedece a la persistencia histórica de una multiplicidad de factores como el narcotráfico, el desplazamiento forzado, la violencia, la inequidad y la corrupción que en primera medida se circunscriben al ámbito interno, ella ha sido agravada tanto por la pandemia, como por el cambio climático cuyas consecuencias algunos países estamos pagando la factura más cara sin necesariamente ser los principales causantes. Sin embargo, desde el gobierno del cambio que desde el pasado mes de Agosto encabeza  nuestro Presidente Gustavo Petro, hemos decidido hacer de esta crisis una oportunidad para materializar las apuestas de nuestro programa de gobierno. Este programa constituye no solo una hoja de ruta para materializar las promesas incumplidas de nuestra Constitución Política que data de 1991 sino también, la ambición de hacer de Colombia en tanto que uno de los países  más biodiversos del planeta,  un referente político y económico que desde una perspectiva de desarrollo concebido sobre la base de la dignidad humana, la garantía de los derechos fundamentales, la justicia social, económica y ambiental, sea capaz de hacer de Colombia un territorio de Paz y una potencia mundial de la Vida.

En esta perspectiva y partiendo de la base del fracaso del modelo neoliberal, basado en la sobreexplotación de nuestros recursos naturales y la preponderancia de las leyes del mercado, asumimos la necesidad de explorar a partir de nuestra difícil y compleja realidad, una nueva perspectiva de desarrollo más humana, solidaria, equitativa y sostenible, capaz de brindar a las mayorías ciudadanas y sobre todo a los sectores más vulnerables, condiciones de vida digna.

Somos conscientes que hacer de Colombia un país con justicia económica, social y ambiental implica medidas estructurales de mediano y largo plazo para las cuales tenemos desde hace tres décadas en nuestro sistema jurídico suficiente soporte constitucional, pero nos había faltado un gobierno con suficiente voluntad política.

Esa voluntad política que refiero se ha visto reflejada tanto en las medidas y logros reflejados en nuestros primeros 100 días de gobierno como en los anuncios preliminares de lo que será la nueva perspectiva de las políticas publicas encaminadas a la superación de la pobreza, la erradicación del hambre y al logro de una Paz total sobre la base de una sociedad más equitativa en la que los derechos fundamentales sean mandatos materializables y no aspiraciones irrealizables para la inmensa mayoría.

En este orden de ideas, sobre la base de nuestro programa de gobierno y desde una perspectiva no asistencialista, estamos reformulando las políticas públicas que venían siendo diseñadas desde el Departamento de Prosperidad Social  aspirando a otorgar a los grupos poblacionales de los sectores mas vulnerables beneficios integrales tendientes a rescatarlos de la situación de precariedad de manera permanente y no a mantenerlos en una situación de permanente dependencia.

Como corolario de lo anterior estamos trabajando actualmente en tres apuestas fundamentales tendientes al mejoramiento del sistema de transferencias monetarias, la primera de ellas esta urgentemente orientada al corto y mediano plazo a la garantía de hambre 0, pero desde una perspectiva que en medio de la urgencia nos permita sentar las bases de un sistema nacional de Cuidado, capaz de dignificar y retribuir el trabajo de las mujeres brindándoles oportunidades que permitan cerrar las brechas de género y apuntando en la misma medida a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes que en situaciones de máxima vulnerabilidad sufren daños irreversibles. En este sentido optamos por garantizar una transferencia monetaria extraordinaria antes de finalizar el año priorizando a las madres cabeza de familia pertenecientes a los sectores más vulnerables,  tanto a quienes venían siendo beneficiarias de programas de transferencias monetarias a quienes hemos mejorado un ingresos que oscilaba entre 140 mil y 170 mil pesos mensuales al valor de 500.000 mil pesos, (es decir a un valor por encima de la línea de pobreza), así como de otra parte, hemos ampliado la cobertura de estas transferencias a aquellas madres cabeza de hogar  que seguramente por errores en la focalización, aun siendo parte de los sectores más vulnerables, no recibían por parte del Estado recurso alguno (esta medida toma en cuenta una elocuente realidad estadística, más del 75 por ciento de los hogares en mayor estado de vulnerabilidad, son encabezados por mujeres)  . De otra parte, estamos trabajando en el diseño de una política pública integral  para los jóvenes que se encuentran desprovistos de garantías sociales en zonas con altos índices de criminalidad buscando apartarlos de bandas delincuenciales o del riesgo (por falta de oportunidades) de integrar alguna de ellas, esto, mediante la garantía de un incentivo económico, condicionado a la vinculación en programas educativos y de empleabilidad que les proporcione a partir de la oferta institucional del Estado, habilidades para un desenvolvimiento satisfactorio y autónomo de su vida.

Por último, y ante el fracaso de un sistema de seguridad social incapaz de garantizar nuestros adultos mayores al final de su vida una pensión que les brinde las mínimas condiciones de vida digna, estamos apuntando a la garantía de un ingreso que limitado en la actualidad a un aporte simbólico de 80 mil pesos, vamos a elevar a 500 mil pesos es decir a un ingreso razonable y ubicado por encima de la línea de pobreza.

Las tres apuestas prioritarias aquí referidas y sobre todo la que está orientada a los jóvenes y a las madres cabeza de familia, estarán acompañadas de una oferta estatal integral que implica desde la articulación y la cooperación con las diferentes entidades del orden nacional e internacional, así como de entre los sectores público y privado. Nuestros esfuerzos están concentrados en la administración de los recursos con eficacia y transparencia, el empoderamiento de las organizaciones sociales y populares para rescatar mediante un plan de choque un país que actualmente se encuentra sumergido en una situación de hambre y emergencia.

Para terminar, quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar el compromiso de Colombia con la agenda de desarrollo social trazada en el hemisferio y en esta medida me complace anunciar nuestro interés de presidir desde el departamento de prosperidad social de Colombia el grupo de trabajo 1 sobre “mediciones de la pobreza multidimensional y el diseño de políticas públicas enfocadas a garantizar el bienestar y goce de buena calidad de vida” creado por el plan de acción que vamos a adoptar. A todas y todos por su atención y linda acogida, muchas gracias.