• Más de 40.000 víctimas de desplazamiento forzado participan en los programas para la construcción de la justicia social que implementa la entidad en Cundinamarca.
• Con el programa Familias en su Tierra se atienden actualmente 160 hogares, con una inversión de más de 1.800 millones de pesos.
• El director Gustavo Bolívar recordó que Prosperidad Social participa en la construcción de la Política pública de soluciones duraderas para la población desplazada internamente en el país

Soacha, Cundinamarca, 9 de abril de 2025. “El rediseño de las políticas y los programas de Prosperidad Social responde al compromiso del Gobierno del Cambio en ofrecer soluciones duraderas que permitan la reconstrucción definitiva de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado”. El Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, el director de la entidad, Gustavo Bolívar Moreno, recordó así la deuda que el Estado tiene con esta población y ratificó el compromiso del gobierno con su reparación y con la construcción de la paz total.

“En el marco de esta conmemoración, reconocemos el dolor, la valentía, la lucha, y la resistencia e incasable búsqueda de la justicia y la verdad de cada una de las personas y familias que han tenido que salir huyendo de sus tierras. Hoy reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando por cada uno de ustedes, a través de la oferta institucional y del fortaleciendo del programa de atención integral con enfoque diferencial, Familias en su Tierra, para población reubicada o retornada a nuestro departamento”, afirmó Katerine Castellanos Forigua, gerente regional de Cundinamarca.

La atención vigente cubre a más de 40.000 víctimas de desplazamiento forzado, con programas de transferencias monetarias y de atención integral para el desarrollo productivo y la seguridad alimentaria.

En Cundinamarca, 40.024 personas víctimas del desplazamiento forzado, hacen parte de los programas de Prosperidad Social; en Colombia Mayor se atiende a 7.469 Adultos Mayores, en Compensación del IVA a 9.168 personas, Renta Ciudadana beneficia a 22.017 hogares y Renta Joven a 1.370 jóvenes. Estas cifras reflejan el compromiso del Gobierno Nacional con las poblaciones más vulnerables de nuestro departamento.

El presidente Gustavo Petro y el director de la entidad han insistido en que los programas sociales deben fortalecer a la población y el tejido social que han construido para que dejen que depender de las ayudas al Estado. En esa línea, Prosperidad Social participa en la formulación del CONPES de Soluciones Duraderas, que busca contribuir a la garantía de derechos y transformación de proyectos de vida de la población víctima de desplazamiento forzado.

“Desde el año pasado, estamos trabajando muy de la mano con la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación en la construcción de este CONPES, en tres focos de intervención: articulación y coordinación interinstitucional; aplicación efectiva de los principios de concurrencia y complementariedad para la articulación entre la nación y los territorios; y adecuación institucional y de oferta programática para prestar servicios sociales adecuados que fortalezcan las capacidades de la población y contribuyan a la cohesión social”, informó Bolívar.

El objetivo del CONPES es mejorar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional, para avanzar en la estabilización socioeconómica de la población víctima de desplazamiento, y prestar servicios sociales pertinentes, que brinden respuestas sostenibles y que atiendan efectivamente las vulnerabilidades derivadas del desplazamiento.

En 2023, la incidencia de la pobreza monetaria para la población víctima de desplazamiento forzado fue de fue 47,2 %, informó el DANE en la más reciente medición. Son 4 puntos porcentuales menos que en 2022, pero casi 14 p.p. más con respecto a la incidencia nacional (fue de 33 % en 2023). Son cifras que demuestran que la situación de desigualdad del país es peor para las víctimas del conflicto. La pobreza extrema para la población víctima de desplazamiento fue de 17,8 % en 2023 (6,4 p.p. más que la incidencia nacional).