- 28.608 víctimas de desplazamiento forzado han participado en el último año de los programas para construcción de la justicia social que implementa la entidad en el departamento de Risaralda.
- En 2024, esa atención recibió una inversión en todo el país de más de 1,4 billones de pesos.
- El director Gustavo Bolívar recordó que Prosperidad Social participa en la construcción de la Política pública de soluciones duraderas para la población desplazada internamente en el país.
Pereira, Risaralda. 9 de abril de 2025. “El rediseño de las políticas y los programas de Prosperidad Social responde al compromiso del Gobierno del Cambio en ofrecer soluciones duraderas que permitan la reconstrucción definitiva de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado”. El Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, el director de la entidad, Gustavo Bolívar Moreno, recordó así la deuda que el Estado tiene con esta población y ratificó el compromiso del gobierno con su reparación y con la construcción de la paz total.
La atención vigente ha cubierto durante el último año a 28.608 víctimas de desplazamiento forzado en el departamento de Risaralda, con programas de transferencias monetarias y de atención integral para el desarrollo productivo y la seguridad alimentaria.
En Risaralda, el mayor número de población víctima atendida por la entidad está vinculada a Renta Ciudadana: 16.276 víctimas recibieron el año pasado acompañamiento de este programa, que está en el centro del sistema de transferencias creado por el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Los otros programas de transferencias también tuvieron población víctima priorizada: Colombia Mayor, 4.115 personas; Devolución del IVA, 6.982; y Renta Joven, 1.235.
Aunque esa es la mayor parte del volumen de la inversión, otros programas más concentrados en la intervención integral han sido fundamentales para lo que la entidad aporta a la reparación y para el camino de transformación hacia las soluciones duraderas.
El presidente Gustavo Petro y el director de la entidad han insistido en que los programas sociales deben fortalecer a la población y el tejido social que han construido para que dejen que depender de las ayudas al Estado. En esa línea, Prosperidad Social participa en la formulación del CONPES de Soluciones Duraderas, que busca contribuir a la garantía de derechos y transformación de proyectos de vida de la población víctima de desplazamiento forzado.
“Desde el año pasado, estamos trabajando muy de la mano con la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación en la construcción de este CONPES, en tres focos de intervención: articulación y coordinación interinstitucional; aplicación efectiva de los principios de concurrencia y complementariedad para la articulación entre la nación y los territorios; y adecuación institucional y de oferta programática para prestar servicios sociales adecuados que fortalezcan las capacidades de la población y contribuyan a la cohesión social”, informó Bolívar.
El objetivo del CONPES es mejorar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional, para avanzar en la estabilización socioeconómica de la población víctima de desplazamiento, y prestar servicios sociales pertinentes, que brinden respuestas sostenibles y que atiendan efectivamente las vulnerabilidades derivadas del desplazamiento.
En 2023, la incidencia de la pobreza monetaria para la población víctima de desplazamiento forzado fue de fue 47,2 %, informó el DANE en la más reciente medición. Son 4 puntos porcentuales menos que en 2022, pero casi 14 p.p. más con respecto a la incidencia nacional (fue de 33 % en 2023). Son cifras que demuestran que la situación de desigualdad del país es peor para las víctimas del conflicto. La pobreza extrema para la población víctima de desplazamiento fue de 17,8 % en 2023 (6,4 p.p. más que la incidencia nacional).
