- “Por primera vez, millones de personas mayores en Colombia tendrán una vejez digna garantizada por el Estado”, dijo el mandatario.
- Más de 3 millones de adultos mayores que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad recibirán esta renta básica solidaria.
- Con el Pilar Solidario, el Gobierno proyecta que se reduzca la pobreza monetaria extrema en 2,5 puntos porcentuales, en 2025; y en 6,4 puntos porcentuales, en 2026.
Bogotá D. C., 3 de junio de 2025. El presidente Gustavo Petro anunció este martes que a partir del próximo semestre iniciará la puesta en marcha del Pilar Solidario: un componente central de la Reforma Pensional, que garantizará renta básica solidaria para todas las personas mayores que hoy no tienen cobertura pensional, y que tendrá un impacto importante en la reducción de la pobreza extrema y la desigualdad en Colombia.
“La mayoría de los pobres extremos en Colombia son personas mayores; y la Reforma Pensional, al darle un bono pensional a todas las que no reciben pensión, prácticamente nos permite superar la pobreza extrema: en 2026 la tasa sería de 2 %. Ese es el cambio, pero necesita que la Corte Constitucional ratifique la ley”, dijo el presidente.
La directora (e) de Prosperidad Social, Carolina Hoyos, estuvo a cargo de explicar, durante el consejo de ministros, que el Pilar Solidario beneficiará a más de 3 millones de personas mayores que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, y que nunca pudieron acceder a una pensión a través de los mecanismos tradicionales.
“El Estado colombiano asume su responsabilidad histórica con los adultos mayores. El Pilar Solidario es justicia social, es redistribución y es la garantía de una vejez con dignidad para quienes toda su vida trabajaron sin reconocimiento”, expresó Hoyos.
El Pilar Solidario se entregará mensualmente, y representará un ingreso equivalente a una línea de pobreza extrema, es decir 230.000 pesos mensuales; se financiará a través de recursos del Presupuesto General de la Nación y el Fondo de Solidaridad Pensional. Los beneficiarios serán mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 años que, a pesar de haber aportado al desarrollo del país durante toda su vida laboral, no lograron acceder a una pensión.
Superación de la pobreza
Prosperidad Social proyecta que la implementación del pilar reduzca la pobreza extrema en 2,5 puntos porcentuales, en 2025, y en 6,4 puntos porcentuales, en 2026. Son estimaciones que el equipo técnico de la entidad hizo con base en los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2023: “Se estima que al finalizar 2025, alrededor de 156.000 personas mayores saldrían de la pobreza extrema, gracias a los recursos del pilar; en 2026, la cifra de personas que superarían esas condiciones ascendería a 400.000”, dijo Hoyos.
La pobreza extrema en la población mayor es un problema estructural que ha persistido en el país, debido a la limitada eficacia de los programas sociales existentes. Esta renta básica solidaria es una medida de protección universal frente al riesgo de exclusión social y la imposibilidad de generar ingresos, que reconoce a los beneficiarios el derecho a una vida digna.
“Con esta transformación, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con los sectores más excluidos de la sociedad, avanzando hacia un país más justo y equitativo”, dijo Hoyos.
Un cambio estructural para cerrar brechas
El Pilar Solidario hace parte del nuevo modelo pensional basado en pilares: Contributivo, Semicontributivo, Voluntario y Solidario. Esta estructura busca mejorar la cobertura, la equidad y la sostenibilidad del sistema, y corregir la regresividad del modelo anterior, en el que los mayores subsidios se dirigían a las pensiones más altas.
Perfil de los beneficiarios
Los posibles beneficiarios del Pilar Solidario tienen, entre otras, las siguientes características:
- 63 % son mujeres y 37 % hombres.
- 35 % viven en zona rural y 65 % en zona urbana.
- 50 % se autorreconocen como campesinos.
- 12,4 % se identifican como parte de una comunidad étnica.
- 22 % son personas con discapacidad.
- 11 % tienen incapacidad permanente para trabajar.
- 42,2 % habitan viviendas en malas condiciones.
- 8,8 % no tienen vivienda.
