• Esta población participa en los programas para construcción de la justicia social que implementa la entidad.
• Con el programa Familias en su Tierra se atienden actualmente 6.030 hogares, con una inversión de más de 69.463 millones de pesos.

Medellín, Antioquia. 9 de abril de 2025. “El rediseño de las políticas y los programas de Prosperidad Social responde al compromiso del Gobierno del Cambio en ofrecer soluciones duraderas que permitan la reconstrucción definitiva de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado”. este martes, en la previa del Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, el director de la entidad, Gustavo Bolívar Moreno, recordó así la deuda que el Estado tiene con esta población y ratificó el compromiso del gobierno con su reparación y con la construcción de la paz total.

“En Prosperidad Social ese compromiso se materializa en el respaldo vigente, a través de los programas para la superación de la pobreza, y en la revisión y evaluación para el mejoramiento de la atención, de acuerdo con los avances en la construcción de la Política pública de soluciones duraderas para la población desplazada internamente en el país, en la que la entidad participa”, dijo.

En Antioquia, la atención vigente cubre a 329.829 víctimas de desplazamiento forzado, con programas de transferencias monetarias y de atención integral para el desarrollo productivo y la seguridad alimentaria.

El mayor número de población víctima atendida por la entidad está vinculada a Renta Ciudadana: 185.656 de víctimas recibieron el año pasado acompañamiento de este programa, que está en el centro del sistema de transferencias creado por el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Los otros programas de transferencias también tuvieron población víctima priorizada: Colombia Mayor, 64.320 personas; Devolución del IVA, 69.527; y Renta Joven, 10.326.

“Antioquia ha sido uno de los departamentos más golpeados por el conflicto, pero también es hoy referente en la implementación de programas que dignifican y transforman la vida de quienes han sido desplazados. En 2024, más de 329.000 víctimas fueron beneficiadas gracias a una inversión que demuestra que la justicia social sí es posible desde los territorios”, destacó Cincy Henao, gerente regional de Prosperidad Social.

Aunque las transferencias representan la mayor parte de la inversión, Prosperidad Social también ha desarrollado programas con enfoque integral que fortalecen los procesos de reparación. Actualmente la entidad avanza en la construcción del programa de intervenciones rurales integrales Familias en su Tierra, enfocado en hogares víctima de desplazamiento forzado, retornados o reubicados en condición de vulnerabilidad a nivel nacional. En el caso del departamento más de 6.000 mil hogares serán beneficiados, impactando a 13 municipios inicialmente, con una inversión de más de 69.400 millones de pesos.

El presidente Gustavo Petro y el director de la entidad han insistido en que los programas sociales deben fortalecer a la población y el tejido social que han construido para que dejen que depender de las ayudas al Estado. En esa línea, Prosperidad Social participa en la formulación del CONPES de Soluciones Duraderas, que busca contribuir a la garantía de derechos y transformación de proyectos de vida de la población víctima de desplazamiento forzado.

El objetivo del CONPES es mejorar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional, para avanzar en la estabilización socioeconómica de la población víctima de desplazamiento, y prestar servicios sociales pertinentes, que brinden respuestas sostenibles y que atiendan efectivamente las vulnerabilidades derivadas del desplazamiento.

En 2023, la incidencia de la pobreza monetaria para la población víctima de desplazamiento forzado fue de fue 47,2 %, informó el DANE en la más reciente medición. Son 4 puntos porcentuales menos que en 2022, pero casi 14 p.p. más con respecto a la incidencia nacional (fue de 33 % en 2023). Son cifras que demuestran que la situación de desigualdad del país es peor para las víctimas del conflicto. La pobreza extrema para la población víctima de desplazamiento fue de 17,8 % en 2023 (6,4 p.p. más que la incidencia nacional).