- Delegaciones nacionales e internacionales reunidas en Cartagena acordaron una agenda común para enfrentar la pobreza, la desigualdad y la crisis climática.
- Ecoovida 2026 cerró con un pronunciamiento colectivo que consolida una plataforma global de articulación entre pueblos y gobiernos para promover justicia social, soberanía alimentaria y modelos de desarrollo centrados en la vida.
Cartagena D.T.C., 25 de febrero de 2026. El Encuentro Internacional de Economías para la Vida Ecoovida 2026 concluyó el 23 de febrero con una declaración conjunta en la que organizaciones sociales, plataformas y gobiernos ratificaron el Pacto Internacional de Economías para la Vida e instaron a los Estados y al sistema interestatal a reconocer y fortalecer la economía social, solidaria, popular y comunitaria como eje transversal de la reforma agraria y el desarrollo rural.
Tras tres días de diálogo y construcción colectiva, las delegaciones coincidieron en la necesidad de garantizar la participación efectiva de las organizaciones territoriales en la formulación de políticas públicas, promover mercados justos y fortalecer circuitos solidarios y encadenamientos productivos equitativos. Estas propuestas serán presentadas en la Segunda Conferencia Internacional ICARRD+20, que inicia hoy en Cartagena.
Se destacaron como prioridades:
- La lucha contra la pobreza y la desigualdad desde un enfoque de justicia social.
- El fortalecimiento de las formas asociativas, cooperativas y comunitarias.
- La soberanía alimentaria como pilar para garantizar el derecho a la alimentación y la sostenibilidad territorial.
El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó que los resultados de Ecoovida 2026 reflejan un proceso construido desde el diálogo entre pueblos, territorios e instituciones. Asimismo, subrayó la importancia de avanzar hacia acciones concretas que permitan materializar la justicia social, económica y ambiental.
“Ecoovida demuestra que cuando los pueblos, las organizaciones y los gobiernos dialogan desde los territorios es posible construir respuestas reales frente a la pobreza, la desigualdad y la crisis climática. Este encuentro marca el paso de los consensos a las acciones concretas para defender la vida, los bienes comunes y la dignidad de las comunidades”.
El encuentro reunió organizaciones campesinas, comunitarias y cooperativas, redes de economía social y solidaria, movimientos rurales, plataformas territoriales y actores institucionales de diversos países, consolidando acuerdos orientados a enfrentar de manera integral las múltiples crisis que atraviesan los territorios. Uno de los ejes centrales fue el impulso a la asociatividad como motor de las economías populares, sociales y solidarias y como herramienta de transformación territorial.
“Hemos logrado un acuerdo fundamental para proteger la vida y avanzar hacia un desarrollo con justicia social. Debe existir un movimiento internacional que defienda este acuerdo, y este es ese movimiento”, afirmó Rodríguez.
La declaración advierte que las crisis agrarias, alimentarias, climáticas, sociales y económicas responden a modelos de desarrollo excluyentes que han concentrado la tierra, el agua, los mercados y el poder. Frente a ello, las delegaciones señalaron que no es posible una reforma agraria ni un desarrollo rural sostenible sin justicia social, protección de los bienes comunes y fortalecimiento organizativo de las comunidades.
Asimismo, reiteraron la defensa del agua como bien común y derecho fundamental, e hicieron un llamado a los escenarios internacionales para incorporar de manera efectiva las voces de los movimientos sociales y solidarios en la construcción de políticas globales.
En el marco del encuentro se realizó la sesión de la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria (RIFESS), que consolidó un espacio de diálogo político entre gobiernos y organizaciones de las economías para la vida. Desde este escenario se hizo un llamado a avanzar en acciones concretas mediante una alianza estratégica basada en tres niveles: educación popular para la transformación del campo, fomento a la asociatividad y redes territoriales para sistemas alimentarios justos, y fortalecimiento de la comunicación solidaria como herramienta de incidencia regional y defensa de los territorios.
Desde Ecoovida 2026 también se instó a la ICARRD+20 a integrar propuestas territoriales en la definición de compromisos internacionales y a concebir la reforma agraria y el desarrollo rural como procesos participativos, integrales y con enfoque local, sustentados en la economía social, solidaria, popular y comunitaria, la equidad de género, los enfoques diferenciales, el respeto por la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental como pilares de la justicia social y el derecho humano a la alimentación.
