Frente a cuestionamientos de las últimas horas sobre los procesos de contratación de la operación de pagos a Supergiros y Banco Agrario, Prosperidad Social se permite aclarar la siguiente información, con detalles y aspectos operativos de la entidad: 1.Supergiros no es un actor nuevo en el pago de transferencias monetarias que administra Prosperidad Social. Ha sido parte de los operadores de los programas de la entidad en gobiernos anteriores, incluido el más reciente: el del expresidente Iván Duque. 2.Para 2023, Prosperidad Social adjudicó el contrato para los pagos del programa Colombia Mayor a la empresa Supergiros. Para eso usó el Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Postales de Pago, que dispone Colombia Compra Eficiente. Es un proceso legal y legítimo. Esta adjudicación se hizo mediante una orden de compra, que tomó la mejor oferta, después de un proceso de evaluación de las tres propuestas presentadas por distintos proveedores que participan en este instrumento. La entidad tuvo en cuenta los criterios de selección que el mismo instrumento ofrece. Supergiros presentó la mejor oferta en seguridad, eficiencia, calidad, cobertura y costo. Todos los documentos del proceso se encuentran publicados en la página de Colombia Compra Eficiente, y son de acceso libre para toda la ciudadanía. 3.El último pago de Colombia Mayor de 2022 inició en diciembre del mismo año, y finalizó el 10 de enero de 2023. Al inicio de cada vigencia siempre hay un tiempo de alistamiento para el inicio de un nuevo ciclo. Este año, Prosperidad Social adelantó un ejercicio riguroso de revisión de todos sus programas, en línea con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo recién aprobado por el Congreso. Tras este análisis se creó el evento de contratación del operador encargado de realizar los pagos de Colombia Mayor, con Colombia Compra Eficiente, el 10 de febrero. El contrato se adjudicó el 7 de marzo, y el primer pago inició el 17 del mismo mes. La entidad cumplió con el cronograma y los tiempos establecidos. 4.Como entidad pública, es obligación de Prosperidad Social entregar a los beneficiarios toda la información necesaria para ejercer sus derechos y, en este caso, acceder a la oferta de la entidad. Dar el nombre del operador, el lugar y forma de pago de los programas de la entidad no es publicidad, es información necesaria para el acceso de los beneficiarios. 5.Para la entrega de transferencias del programa Tránsito a Renta Ciudadana, Prosperidad Social adelantó un proceso riguroso de evaluación de oferentes. La contratación, por medio de contrato interadministrativo con el Banco Agrario se hizo después de realizar un análisis del histórico de contrataciones anteriores, en términos de tarifa, cobertura y servicios ofrecidos. La oferta del Banco Agrario era la más beneficiosa para el logro de los objetivos del programa, pues era la de mayor alcance en cobertura de la población objetivo, con una tarifa un 28% más baja en relación al promedio histórico y con servicios adicionales para los participantes del programa. 6.Toda la documentación y justificación del contrato entre las dos entidades públicas –Prosperidad Social y Banco Agrario– está publicada en SECOP, para el acceso de toda la ciudadanía. 7.La contratación con el Banco Agrario es transparente y legal. Se justifica en la resolución 671 de 2023, que da viabilidad al proceso dentro de las bases legales del estatuto de contratación colombiano, y le da piso jurídico y transparencia. 8.La tarifa de Banco Agrario incluye educación financiera, portafolio de servicios adicionales para los beneficiarios (acceso a microcréditos, acompañamiento a proyectos productivos, etc.). La tarifa de 2.576 pesos de Davivienda es una tarifa de 2020 y sólo aplica a la cobertura de una parte del país. Por ello, no son tarifas comparables. Uno de los criterios utilizados para la contratación de Banco Agrario fue precisamente la comparación de precios históricos sobre el 100 % de la operación y los actuales valores del Instrumento de Agregación de Demanda. 9.Todos los operadores que han sido contratados para el pago de transferencias monetarias, en toda la historia de los programas de Prosperidad Social, han subcontratado red de aliados para garantizar la cobertura. El Banco Agrario, para cumplir con el objeto del contrato y dentro de su propuesta, presentó la red de aliados con los cuales garantiza el acceso a los recursos de todos los beneficiarios en el país, bajo la misma tarifa. Son más de 13 mil puntos de pago en todo el país. 10.No es nuevo que se presenten filas en los primeros días de pago. Históricamente ha sido así con los diferentes operadores que ha contratado Prosperidad Social. Para ello, se tienen diseñadas estrategias que permitan atender a todos los beneficiarios y alternativas para los beneficiarios (pico y cédula y consulta previa de lugar de retiro en buscador virtual, entre otras.) 11.Actualmente se desarrolla el primer pago de Tránsito a Renta Ciudadana: inició el 29 de abril y finaliza el 30 de mayo. A la fecha se han entregado el 67 % de los pagos programados, un avance significativo para la segunda semana de pago. 12.El Fondo de Inversión para la Paz fue creado en 1998, para fortalecer la institucionalidad, el desarrollo social y la recuperación económica y la acción social. Prosperidad Social ha financiado los programas a través de dicho fondo, pues la superación de la pobreza es fundamental en la construcción de la paz. 13.Los recursos previstos para 2023 serán para cumplir con las metas de Renta Ciudadana (con el tránsito) y el sistema de transferencias. Como los demás recursos asignados a la entidad, velaremos por su debido cuidado y ejecución. 14.Las contrataciones adelantadas por Prosperidad Social cumplen con lo establecido en la Constitución y las leyes referentes a los procesos de contratación pública y a la función del Estado. 15.Prosperidad Social es una entidad de puertas abiertas, que cumple con los lineamientos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Está dispuesta siempre a atender los requerimientos de las autoridades, los organismos de control, las otras entidades y la ciudadanía en general.