- El alto nivel de cumplimiento en la implementación de esta política al interior de Prosperidad Social y la aplicación de los nuevos lineamientos emitidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, permitió que dicha entidad aprobara esta hoja de ruta, que tendrá una vigencia de dos años a partir de 2020.
- La jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Lucy Edrey Acevedo, explicó que la entidad ha sido líder en la formulación e implementación de la política por parte de los equipos internos de Prosperidad Social.
Bogotá, D.C., 5 de diciembre de 2019. Por cuarto año consecutivo, Prosperidad Social obtuvo la aprobación de su Política de Prevención del Daño Antijurídico, de acuerdo con los nuevos lineamientos definidos para tal fin por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Lucy Edrey Acevedo, manifestó que la entidad la ha construido, socializado e implementado, lo cual motivó que la Agencia aprobara el documento por dos años y no por uno, como venía ocurriendo.
“El gran valor de contar con esta política es el de generar una cultura de prevención en todos los niveles de la entidad, enfocando la atención hacia quienes desempeñan labores de supervisión y seguimiento de contratos, a fin de reducir la exposición litigiosa de Prosperidad Social por demandas de nulidad y restablecimiento del derecho o en procesos laborales, que en algunos casos buscan la declaración de una relación laboral”, dijo la funcionaria.
Para adoptar la política, la Oficina Asesora Jurídica revisó los procesos en curso, el historial de condenas proferidas en contra de la entidad y las causas generadoras de las demandas.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado brinda a todas las entidades del Estado a nivel nacional, asesoría y acompañamiento permanente en la construcción e implementación del documento.
La aprobación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2020-2021 de Prosperidad Social se socializará en el Comité de Defensa y Conciliación de la entidad con el propósito de que luego, se adopte a través de un acto administrativo.
