Bogotá D. C., 04 de septiembre de 2026. La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, informó que se adelanta una revisión de contratos, convenios y actuaciones administrativas del gobierno anterior, porque se han identificado situaciones que requieren un examen técnico y jurídico más profundo.

“Encontramos contratos y donaciones dudosas e injustificadas con ejecución concentrada en el periodo de campaña presidencial, nombramientos en provisionalidad sin cumplimiento de requisitos, y cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias y convenios cuya información, soportes y estado de legalización o cierre están siendo verificados”, dijo Suárez.

La directora dispuso un equipo interdisciplinario para profundizar en las auditorías y establecer el estado de los recursos públicos comprometidos, verificar el cumplimiento de las normas y determinar las acciones que correspondan.

Entre los asuntos bajo revisión se encuentran:

• Contratos por altos montos con una ejecución concentrada en los meses de la campaña presidencial, para establecer su justificación, ejecución, cumplimiento y destinación de los recursos.
• Actuaciones relacionadas con más de una decena de nombramientos en cargos de provisionalidad, frente a las cuales no se verifica el cumplimiento de requisitos y de las normas asociadas a la carrera administrativa, denunciadas por el sindicato.
• Cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias, convenios y otros instrumentos de ejecución, sobre los cuales no se encontró información suficiente: soportes por revisar y procesos de legalización o cierre cuyo estado debe ser establecido.
• Más de 900 contratos de prestación de servicios de los que no está verificada su necesidad.
• Entrega de donaciones sin claridad de beneficiarios finales, concentradas en el primer semestre de 2026.
• Procesos de difusión y otras actuaciones contractuales y administrativas que también están siendo verificados.

El análisis responde principalmente a información alertada, denunciada y aportada por funcionarios, sindicatos de la entidad e informes de los organismos de control que está siendo revisada y contrastada.

“No vamos a encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción o irregularidad. Lo que encontremos, lo documentaremos y lo pondremos en conocimiento de las autoridades”, dijo Suárez.

Las situaciones examinadas, priorizadas desde la llegada de la nueva administración, corresponden a actuaciones del gobierno anterior y están siendo analizadas para establecer con rigor qué ocurrió y proteger los recursos públicos destinados al cumplimiento de la misión de Prosperidad Social.

Esta etapa es de verificación y no constituye una determinación de responsabilidad.

La directora anunció que los hechos documentados que puedan tener implicaciones disciplinarias, fiscales, penales o administrativas serán remitidos a los organismos de control y autoridades competentes, con respeto por el debido proceso. “Cada peso público debe poder explicarse y cada decisión administrativa debe ajustarse a la ley”, agregó Suárez. Prosperidad Social informará oportunamente los avances y resultados de este proceso.