- Se presentaron los resultados de la primera fase del Fondo de Soluciones al Desplazamiento Interno.
- Prosperidad Social participa activamente en la construcción de una política nacional para la estabilización socioeconómica de las víctimas.
Bogotá, D.C., 7 de julio de 2025. Prosperidad Social participó en la sesión de cierre del Comité Directivo del Fondo de Soluciones al Desplazamiento Interno (IDSF), que es un mecanismo del Sistema de Naciones Unidas que busca acompañar a los Estados en la consolidación de soluciones duraderas para personas en situación de desplazamiento prolongado, en línea con la agenda del secretario general de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La sesión fue a finales del pasado mes, y en representación de la entidad asistieron Andrea Paola Prieto, jefa de la Oficina Asesora de Planeación, y María Angélica Prada Uribe, jefa de la Oficina de Cooperación Internacional. Durante la sesión, se presentaron los avances del trabajo desarrollado en Colombia desde 2024 y se entregaron oficialmente al Gobierno nacional los principales resultados y herramientas construidas en esta primera fase del fondo.
Con la sanción de la Ley 2021 de 2024 (modificó la Ley de Víctimas), se consolidó el rol de Prosperidad Social, del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad para las Víctimas, como entidades coordinadoras de la política de soluciones duraderas. La nueva ley fortaleció la articulación interinstitucional y la cooperación con agencias internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU-Hábitat.
Durante el mismo día, Prosperidad Social participó en el foro público Experiencias y avances hacia Soluciones Duraderas en Colombia, en el que se socializaron aprendizajes, retos y propuestas territoriales. En este espacio, los directivos de la Unidad para las Víctimas, el DNP y Prosperidad Social estuvieron representados por la jefe de la OAP de la entidad, Andrea Prieto, quien destacó la importancia de contar con un sistema de información robusto que permita una sinergia efectiva entre entidades, y anunció la estructuración de un documento CONPES como herramienta estratégica para guiar esta política.
Durante el foro, se reconoció el papel clave de la sociedad civil en visibilizar las necesidades de la población víctima del desplazamiento forzado y en la exigencia de garantías para el cumplimiento de sus derechos.
En 2023, la incidencia de la pobreza monetaria para la población víctima de desplazamiento forzado fue de fue 47,2 %, informó el DANE en la más reciente medición con datos para esta población. Son 4 puntos porcentuales menos que en 2022, pero casi 14 p.p. más con respecto a la incidencia nacional (fue de 33 % en 2023). Son cifras que demuestran que la situación de desigualdad del país es peor para las víctimas del conflicto. La pobreza extrema para la población víctima de desplazamiento fue de 17,8 % en 2023 (6,4 p.p. más que la incidencia nacional).
