Ejercicio referido a la obtención de información de los grupos de valor o de interés, clasificada por características, atributos o variables que permite gestionar la atención de sus problemas y necesidades de manera focalizada y con enfoque diferencial por medio del diseño apropiado de: i) la oferta institucional, ii) los canales de atención, iii) las estrategias de comunicación e información al ciudadano, iv) eventos de rendición de cuentas y v) mecanismos de participación ciudadana en la gestión, en el marco del desarrollo de las políticas de gestión y desempeño institucional vigentes.

El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan.

Aprende más sobre el Sisbén

Comprende un marco conceptual y metodológico cuyo fundamento se desarrolla a partir de normatividad y estándares internacionales. Operativamente se dirige a la promoción, protección y efectiva materialización de los Derechos Humanos, tomando como eje central la Dignidad humana a través de la formulación y puesta en marcha de iniciativas administrativas, gubernamentales y/o estatales, las cuales pueden verse reflejadas en políticas públicas (aunque no necesariamente se reducen a éstas) teniendo como fin último el goce efectivo de derechos.

Este enfoque se caracteriza por abordar los Derechos Humanos de manera integral: inherentes, inalienables, interdependiente e indivisibles. Es decir, la afectación o concreción de un derecho particular tiene, en consecuencia, impacto sobre los demás. Identifica dos tipos de actores claves en su propio desarrollo – titulares de derechos y detentores de deberes o portadores de obligaciones – y, a partir de esto, posibilita el abordaje de las realidades sociales profundizando en las causas del incumplimiento de los derechos y sus posibles manifestaciones.

Prosperidad Social reconoce el enfoque diferencial como el instrumento jurídico idóneo para garantizar que todos los ciudadanos del país tengan, de forma equitativa, acceso a las mismas oportunidades y al goce efectivo de derechos; afrontando la realidad nacional marcada por actores, procesos y hechos históricos que propiciaron condiciones de discriminación, desigualdad y exclusión social que, a su vez, han obstaculizado dicho goce a diversos sectores sociales (grupos étnicos, mujeres, personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas – OSIGD –, niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad, desplazamiento, entre otras vulnerabilidades).

Este enfoque integra una doble funcionalidad, por un lado, como herramienta de análisis busca visibilizar las condiciones de discriminación y vulnerabilidades específicas de individuos o colectividades a través del análisis de variables. Es decir, emplear el enfoque diferencial trae consigo el diagnóstico e identificación de múltiples vulnerabilidades que atraviesan a una sola persona o sector social en particular, lo que llevaría, a su vez, a identificar las causas que originan la vulnerabilidad, orientando la focalización, planeación y evaluación en la gestión pública.

De otra parte, el enfoque diferencial es una guía para la acción institucional, orientada a partir del ejercicio de análisis previo, lo cual implica una transversalización de sus lineamientos en los planes, programas, proyectos y políticas de Prosperidad Social que se materializan a través de acciones afirmativas (intervención del Estado que busca mejorar o superar una situación de discriminación e injusticia particular) y ajustes razonables (modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que deben realizar las entidades, para garantizar a población vulnerable y/o en situaciones de discriminación el goce y ejercicio pleno de derechos).

Este enfoque plantea el análisis de la acción a partir del reconocimiento del territorio como espacio relacional y parte constituyente de las relaciones sociales. Es decir,

entenderlo más allá del espacio físico, proveedor de recursos y complejizarlo como parte del contexto donde se materializan las acciones e intereses de todos los actores en su cotidianidad. Así, este enfoque permite comprender a cada uno de los actores desde su capacidad individual y colectiva para “crear, recrear y apropiar el territorio” y definir sus formas de organización territorial.

De acuerdo con esto, actuar bajo el enfoque territorial permite realizar intervenciones que respondan a las realidades locales, para esto presenta herramientas de análisis y orienta la acción a partir del relacionamiento con los actores locales presentes en el territorio y el reconocimiento de los contextos sociales, ambientales, políticos, culturales, económicos, las características específicas y las dinámicas locales.

Es el valor en dinero que necesita una persona al mes para adquirir una canasta básica de alimentos, servicios y otros bienes mínimos para vivir. Si una persona tiene un ingreso menor a este valor se considera en situación de pobreza monetaria. Por otra parte, la línea de pobreza monetaria extrema es el valor en dinero que necesita una persona mensualmente para adquirir una canasta básica alimentaria que le provea el mínimo requerimiento calórico para subsistir.

Esta medida no sólo define la pobreza en función de las posesiones materiales, también estima en la capacidad que tienen los individuos para el ejercicio de sus derechos. En Colombia somos pioneros en la implementación de esta metodología. Esta metodología mide la pobreza desde cinco dimensiones: 1. Educación 2. Niñez y juventud 3. Trabajo 4. Salud 5. Vivienda y Servicios Públicos.

Un hogar es considerado pobre cuando enfrenta al menos 33 por ciento de privaciones. Las dimensiones además tienen 15 variables que miden temas muy concretos e importantes en cuanto a situación de pobreza se refiere. Es decir, este indicador es fundamental para el análisis de la política pública porque permite dar cuenta del seguimiento a la gestión pública que adelanta el país en temas referentes a pobreza y pobreza extrema y, adicionalmente, provee alertas para la formulación y toma de decisión.

En Colombia existen poblaciones especiales, tal como se señala previamente en la definición de enfoque diferencial. Estas poblaciones son las personas que, por sus condiciones de vulnerabilidad, marginalidad, discriminación en situación de debilidad manifiesta pertenecen al Régimen Subsidiado de salud.

Para lograr identificar a la población susceptible de una especial atención se creó los listados censales los cuales son instrumentos a través de los cuales se focaliza e identifica a esta ciudadanía.

La elaboración de estos listados está a cargo de otras entidades nacionales (ICBF, INPEC, Fiscalía General de la Nación, entre otras) y de orden territorial (Alcaldía municipal, autoridades indígenas, entre otras); Prosperidad social hace uso de los resultados de estos documentos como insumo para la formulación de programas y proyectos de la Entidad.

Para más información consulta el Decreto 616 de 2022.

Los mapas de hambre son una herramienta de análisis y alerta que permite identificar las causas y factores que agudizan el hambre en diferentes países. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluye dentro de su metodología aspectos como: violencia (civil y política), conflicto, impactos secundarios de la pandemia de COVID-19, crisis económicas, condiciones climáticas adversas, difusión de plagas, enfermedades de animales, estabilidad macroeconómica y población.

El Acuerdo Final apunta a resolver el histórico problema agrario, el del narcotráfico, abrir la democracia para que se vean representadas las regiones más afectadas por el conflicto armado, a resolver la impunidad aplicando un modelo de justicia restaurativa con las víctimas en el centro, a garantizar la paz territorial y el desarme y reincorporación política, económica y social de los excombatientes.

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) Colombia, potencia mundial de la vida, es sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.

Colombia se propone como un ejemplo mundial de lucha por la vida, de la humanidad y de la naturaleza. Esta preocupación por la vida tiene su razón de ser en la injusticia secular que ha caracterizado el desarrollo nacional. Las injusticias son de muy diversa naturaleza: económica, social, ambiental. Frente a esta realidad abundan los sentimientos de indignación; y quienes votaron por el cambio perciben que la situación actual es profundamente injusta, y que debe transformarse de manera sustantiva.

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