Emblema - Prosperidad Socia

10 años de Prosperidad Social en Colombia

#10AñosDeProsperidad

Este miércoles 3 de noviembre conmemoramos 10 años de trabajo por la inclusión social, la equidad y la lucha contra la pobreza y pobreza extrema en Colombia, 10 años de impactar y transformar positivamente las vidas de millones de hogares pobres y vulnerables.

El camino ha sido largo y hemos avanzado en esta ruta hacia la superación de la pobreza, por lo que es el momento para hacer un corte de cuentas y además destacar el gran momento de mayor inversión social en la historia de Colombia, realizado desde la entidad más cercana a los colombianos.

Aquí 10 cosas que posiblemente no sabías de Prosperidad Social y la lucha contra la pobreza extrema y la búsqueda de la equidad en Colombia. 

1.

A pesar de los graves efectos económicos y sociales que trajo la crisis derivada la pandemia por Covid 19, el efecto combinado de programas como:

evitó que 1.8 millones de personas entraran a la pobreza monetaria y que 2.3 millones de personas ingresaran a pobreza monetaria extrema.  

2.

La lucha contra la pobreza extrema se elevó a política pública a través de la Ley 1785 de 2016, durante esta última década, se ha brindado acompañamiento integral a 5.8 millones de personas que se distribuyen en 1.4 millones de hogares para aproximar los servicios y programas del Estado en salud, educación, vivienda, condiciones habitacionales y trabajo.

3.

Prosperidad Social se ha posicionado como la entidad líder de la administración y operación de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (Familias en Acción y Jóvenes en Acción y No Condicionadas (Ingreso Solidario, Devolución del IVA y Colombia Mayor) dirigidas a la población en situación de pobreza y pobreza extrema. 

4.

En esta década más de 2.5 millones de hogares se han beneficiado de los incentivos de salud y educación de Familias en Acción con una cobertura de atención en la totalidad de municipios. La inversión en estos 10 años para incentivar la asistencia escolar y el cuidado en salud de los niños, niñas y adolescentes asciende a $17 billones.

Así mismo, en 2020 y con el objetivo de fortalecer las acciones para la mitigación de la emergencia económica y social, el programa realizó pagos extraordinarios dirigidos a 2.6 millones de hogares con una inversión de $2 billones.

5.

Gracias a las leyes 1532 de 2012 y 1948 de 2019, Familias en Acción se convirtió en Política de Estado, estableciendo tanto derechos como deberes de las familias participantes, como de autoridades territoriales y nacionales.

6.

Más de 830 mil jóvenes han sido beneficiarios de los incentivos económicos para promover su formación técnica, tecnológica y profesional a través del programa Jóvenes en Acción, que amplió su cobertura de 32 a 370 municipios, lo que representa un incremento de 10 veces la cobertura geográfica. 

403 mil jóvenes han terminado su ciclo de estudios y lograron graduarse de Instituciones de Educación Superior.

7.

La inversión en estos 10 años, dirigida a incentivar y fortalecer la formación de capital humano de la población joven asciende a $2.5 billones.

En 2020, con el objetivo de fortalecer las acciones para la mitigación de la emergencia económica y social, Jóvenes en Acción realizó pagos extraordinarios dirigidos a 415 mil personas con una inversión de $558.000 millones.

8.

Prosperidad Social ha sido abanderada en los temas de generación de ingresos, empleo y emprendimiento individual y colectivo, a través de diferentes programas de inclusión productiva, que en la última década han apoyado el ahorro y emprendimiento para cerca de 610 mil personas con una inversión aproximada de $321.000 millones. También ha apoyado a población desplazada retornada en zonas rurales con proyectos productivos y acciones integrales, sentando un precedente valioso de cumplimiento de compromisos con las víctimas de desplazamiento.

9.

Durante estos 10 años, Prosperidad Social ha ejecutado un presupuesto de $3.7 billones en 2.450 proyectos de infraestructura social y hábitat que corresponde a más de 3.270 proyectos de infraestructura social y más de 30.000 mejoramientos directos de vivienda.

10.

Desde 2019 Prosperidad Social en conjunto con el ICBF lidera la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, cuyo plan de acción busca gestionar a nivel nacional y territorial, la prioridad de reconocimiento y garantía de los derechos de las familias como sujetos colectivos y agentes de transformación social. los principios fundamentales de pluralidad y diversidad.

Aún queda mucho trabajo por hacer, pero sin duda estas son solo 10 razones para seguir construyendo y trabajando de manera incansable por un país más justo y equitativo que impacte positivamente la vida de millones de colombianos en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Historias

Jóvenes en Acción, cumpliendo metas

Cuando Yenny Candelo tenía cuatro meses de embarazo fue afectada por una rubeola que ocasionó que su hija Yenifer naciera sorda. “Aunque esto nos generó angustia, no fue un factor que la hiciera diferente para nosotros. Siempre la tratamos igual que a sus dos hermanos”, cuenta Yenny, quien trabaja independiente en su salón de belleza en el barrio La Graciela de Dosquebradas, municipio de Risaralda.

Yenifer Pulgarín fue una participante destacada del programa Jóvenes en Acción. Su condición de discapacidad no le ha impedido brillar donde llega y lograr sus propósitos, contando siempre con el apoyo incondicional de su familia. El recurso que recibió del programa le permitió potenciar el sueño de estudiar ingeniería de sistemas, proyecto que parecía casi inalcanzable por las condiciones económicas de su hogar.

Más de 830 mil jóvenes, como Yenifer, han sido beneficiarios de los incentivos económicos para promover su formación técnica, tecnológica y profesional. 403 mil jóvenes han terminado su ciclo de estudios y lograron graduarse de Instituciones de Educación Superior.

Yenifer supo del programa mientras realizaba estudios de mantenimiento de computadores y redes en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El programa fue creado en 2012, cuando se identificó que al salir del bachillerato los hijos de los hogares de Familias en Acción veían interrumpida la continuidad en la formación que venían acumulando con el programa. Jóvenes en Acción llegó para apoyar a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas para que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales.

Decir que este reto de estudiar y superarse es mayor para Yenifer porque es sorda es una perogrullada. Desde inicios del siglo XX el país ha dado discusiones sobre la garantía de derechos a estudiantes con sordera y el Ministerio de Educación Nacional reglamentó el reconocimiento de intérpretes con señas para mejorar la educación inclusiva de personas con discapacidad auditiva. Pero el camino no está completo.

“Puedo tener algunas dificultades con materias como programación, con términos o señas que pueden ser difíciles, pero me siento bien en mi carrera, me gusta la tecnología y ahí voy a seguir”, dice. Resalta el apoyo de sus compañeros, con quienes se comunica con notas escritas en hojas de cuaderno.

No sólo de ingeniería se alimenta su proyecto de vida. Participó y ganó en 2017 el Reinado Nacional de la Belleza para Sordos, que tenía entre sus premios una beca para estudiar modelaje. Lo del modelaje había sido aplazado, desde que en 2012 tuvo que aceptar su imposibilidad de ingresar a una academia, porque los costos se salían de su presupuesto. Esta meta que ya puede marcar como cumplida le alimenta sus habilidades naturales en expresión corporal y pasarela. Yenifer representó a Colombia en octubre de 2018 en el Reinado Internacional para Personas Sordas en Italia.

La admiración que despierta comienza desde su intérprete de señas en la universidad, Josué Manosalva, quien es también uno de sus más grandes amigos: “Es una mujer muy intrépida, muy despierta. La conocí a sus 14 años, cuando me abordó para contarme que quería bailar, que la ayudara. Contactamos a una academia de la Alcaldía en donde yo trabajaba en ese entonces. Ella ha sido un impulso, incluso para mí”.

Y es que otra de las grandes pasiones y virtudes de Yenifer es el baile. Amante del hip hop, ha participado en eventos internacionales en Medellín y otras ciudades. No oír no le impide sentir la música. “Puedo sentir las vibraciones, me imagino cómo la música está recorriendo el espacio y trato de vivirla y de significarla también. Me encanta el baile”.

Todos estos intereses y ganas de destacarse siempre, no le han quitado el tiempo para dedicarse a su carrera. Trabaja en el campus, la biblioteca o la cafetería durante jornadas que pueden durar hasta las horas de la noche. No obvia en su relato el apoyo de Jóvenes en Acción, porque las condiciones económicas en el hogar no son fáciles y sin el incentivo del programa no hubiera podido seguir estudiando.

Según la última Evaluación de Impacto realizada en diciembre de 2017, el programa ha permitido reducir en 33 puntos porcentuales la posibilidad de que los participantes se retiren, lo cual representa una caída del 40 por ciento en la probabilidad de desertar. Los 400.000 pesos que ha recibido cada dos meses por su asistencia y avance en sus logros le sirvieron a Yenifer para complementar la mesada del hogar y solventar los gastos escolares, entre ellos, los de alimentación, para aguantar esas largas jornadas de estudio, algo que antes no podía hacer.

También como un complemento académico, Yenifer ha tenido la oportunidad de tomar los talleres de Habilidades para la Vida que potencian aspectos de su proyecto a futuro como autoconocimiento, perseverancia, gestión de conflictos, comunicación asertiva, adaptabilidad – empatía, toma de decisiones y actitud en el trabajo.

“Seguramente sin todo este apoyo ya no estaría en la universidad. Ahora tengo garantizado el alimento, el transporte y me puedo enfocar en el estudio. Estoy cumpliendo mi meta de estudiar lo que siempre quise, ir cumpliendo poco a poco mis metas y representando siempre con orgullo nuestra identidad de personas sordas y la lengua de señas”, concluye.

Durante esta última década, la cobertura de Jóvenes en Acción se amplió de 32 a 370 municipios, lo que representa un incremento de 10 veces la cobertura geográfica. La inversión desde 2011, dirigida a incentivar y fortalecer la formación de capital humano de la población joven asciende a $2.5 billones de pesos.

Familias en Acción, bandera de la equidad para los más vulnerables

Luz Estrella Tobón ha desempeñado la plausible labor de ser líder de Familias en Acción en Medellín. Pasó de ser una víctima del desplazamiento por la violencia a ser una mujer independiente y una próspera empresaria del sector de la confección. En buena medida, reconoce, su ‘transformación’ tiene que ver con cómo aprovechó las Transferencias Monetarias Condicionadas para emparejar su camino. Su hogar certificaba la asistencia a controles de salud y la asistencia a clases de su hijo, como lo deben hacer también las 2,1 millones de familias vinculadas actualmente a Familias en Acción, programa bandera del Gobierno nacional que apoya a los niños de hogares pobres con incentivos de salud y educación.

“Es mejor que anochezcan y no que amanezcan”. Un aviso difícil de ignorar viniendo de un jefe guerrillero. Estaban en Montecristo, vereda de Samaná, uno de los municipios de Caldas a los que les tocó la mayor intensidad de la guerra. Allí habitaban Luz Estrella, su esposo Bertulfo y sus tres hijas, pequeñas todas en ese entonces: Francy, Marina Paola y Francedys.


La amenaza del guerrillero los desterró. No dudó en salir apenas con la ropa que les cupo en una pequeña maleta. Las hermanas de su esposo los acogieron la madrugada del 17 de octubre de 2006. Ese día llegaron al barrio Belén Zafra, en la Comuna 16 de Medellín, uno de los sectores más tradicionales de la ciudad. Engrosaron la población de 160.000 habitantes de la zona y con mucho esfuerzo consiguieron los cupos para que las niñas pudieran estudiar en la escuela Horacio Muñoz Suescún.

Apenas aguantaron tres meses en la casa donde les dieron asilo. Luz Estrella fue criada con ese orgullo paisa que no permite vivir de la caridad. “Aunque sea con la familia, vivir de arrimado es muy duro. Por eso nos conseguimos un cuarto en arriendo y con la ayuda de la Cruz Roja y de la Unidad de Atención y Orientación a las Víctimas (UAO) conseguí el plante para empezar mi negocio”, dice.

La guía de la UAO le permitió conocer a Familias en Acción. “Al tiempo que empecé a recibir el apoyo del programa para la salud y educación de mis hijas, inicié también estudios en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Aprendí a manejar máquinas de confección: plana, fileteadora y recubridora. Empecé mi negocio por lo más básico: vendiendo hilos, agujas y todos los productos de confección y hace cuatro años empecé a cumplir el sueño de tener mi propia empresa y me compré mi primera máquina.

Fruto de su trabajo, hoy tiene casa propia. Son tres pisos en el barrio Belén Los Alpinos. En el segundo piso tiene su empresa de confección. A pesar de ser la dueña, trabaja a la par de todos compartiendo el saber que adquirió en sus cursos y en las empresas en las que fue empleada. Allí aprovechó también para darse a conocer.

Su trabajo como empresaria no le impidió seguir desarrollando una labor social como madre líder de Familias en Acción, rol en el que convocaba reuniones periódicas con las madres titulares para contarles las novedades del programa, así como ofertas de cursos y programas nuevos que pudieran aprovechar. Esto le exigía tiempo adicional, pero con gusto lo empleó para multiplicar lo aprendido en las charlas motivacionales que, entre otras cosas, le sirvieron para ir dejando atrás su timidez, una de sus grandes debilidades, según cuenta.

Luz cumplió su meta de brindarle lo mejor que pudo a sus hijas. Después de arrancárselas a la posibilidad de la guerra, logró darles estudio y el ejemplo que sale de un hogar amoroso. Francy, la mayor, consolidó su familia en los llanos, vive en Guamal con su esposo y sus hijos. Marina Paola, la segunda hija, sigue los pasos de su madre y trabaja en la empresa de confección; y Francedys, la menor, está terminando Administración de Empresas en la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, después de haberse graduado de una tecnología de administración en el SENA gracias al programa Jóvenes en Acción, el cual fue fundamental para avanzar en sus estudios universitarios. “Si no hubiera tenido el incentivo de Jóvenes tal vez tendría que haberme retirado porque mis papás no podían pagar mis gastos de transporte y fotocopias, incluso pude ahorrar para comprar mi propio computador”, cuenta Francedys.

“Para mí Familias en Acción ha sido espectacular, en la última etapa, recibí el incentivo de salud por mi hijo Alejandro, es un apoyo que bien aprovechado lo saca a uno adelante. La idea es saber valorar lo que le dan a uno, saberlo administrar y destinarlo para el futuro de los hijos y de la familia”, concluye Luz Estrella.

El programa fue elevado a Ley de la República en 2012, vinculado a un proceso de rediseño implementado entre 2012 y 2013, para reducir las brechas entre lo urbano y rural, aumentar la cantidad del incentivo en las zonas más pobres e incrementar los recursos correspondientes a educación, según el grado escolar, para fortalecer la permanencia en secundaria.

Desde 2011, más de 2.5 millones de familias, como la de Luz Estrella, se han beneficiado de los incentivos de salud y educación de Familias en Acción con una cobertura de atención en la totalidad de municipios del país. La inversión en estos diez años para incentivar la asistencia escolar y el cuidado en salud de los niños, niñas y adolescentes asciende a $17 billones de pesos.

El cambio comienza en casa

El clima de Quibdó es húmedo y pesado. Esta ciudad, capital de Chocó, está en una de las regiones más forestales de Colombia. La particularidad de sus viviendas es casi un distintivo de la región del Pacífico. Los espacios atados a sus necesidades históricas, ambientales, sociales y culturales han hecho que las unidades habitacionales en buena parte de la ciudad sean construidas en madera, el recurso de mayor disponibilidad.

No obstante, esta expresión tradicional, característica de la región, las viviendas de Quibdó pueden ser consideradas precarias porque carecen de subdivisiones espaciales, provocando hacinamiento y problemas de salud, convirtiéndose en fuente de vectores causantes de parásitos intestinales en niños y otras amenazas para la salud de sus habitantes.

Para el Gobierno nacional la situación deficitaria de vivienda sigue siendo uno de los mayores retos en superación de pobreza. Por eso la entidad, diseñó y puso en marcha la estrategia de acompañamiento social al programa de vivienda gratuita, llevando a cabo la coordinación del Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura Social al Programa de Vivienda Gratuita (SNAIS) hasta la expedición del Plan de Desarrollo 2018 – 2022.

Es así como se reconocen además historias de mujeres como Mercedes Mosquera, beneficiaria del programa, habitante del barrio Flores de Buenaños en Quibdó, cuya familia ha trabajado por levantar su casa en el lote que con mucho esfuerzo compró junto con su esposo hace varios años y que era, hasta hace poco, apenas una habitación que conectaba con la sala y a la vez con la cocina. En su centro, un baño en muy malas condiciones que no conectaba con ningún pozo ni red de alcantarillado. En la parte de atrás, un solar en el que Mercedes lavaba la ropa. “Las condiciones no eran las mejores. Era todo en madera: baño y cocina. No estaba apto para bañarse”, cuenta.

El solar aún da a un pequeño despeñadero donde se estanca el agua sucia, cumpliendo la función de un caño. Allí se bañaban a totumadas, Mercedes, su esposo y sus dos hijos, temiendo que algún vecino los viera, y con el riesgo de volver a ensuciarse porque el piso era de tierra.

“Una vecina me comentó sobre la posibilidad de postular a un mejoramiento de vivienda. Me conectó con la trabajadora social de Prosperidad Social. Ella tomó mis datos y luego me llamó para decirme que cumplía con los requisitos del programa”, recuerda Mercedes.

Los ingenieros y los obreros que fueron a estructurar el proyecto rediseñaron los espacios de la vivienda con la aprobación de Mercedes y su familia. Al lado derecho habría dos nuevas habitaciones, en frente, la sala conectada con la cocina y, atrás, el baño, separado por una pared y una puerta que conecta con el que sigue siendo el solar. Conservarían la fachada en madera. “Cambiaron muchas cosas y estoy muy agradecida, ahora podemos bañarnos en una ducha, podemos abrir el grifo y lavarnos las manos. Lo cambiaron en material, cemento, enchapado y embaldosado”, cuenta emocionada.

Transformar los espacios habitacionales de una familia mejora sus condiciones higiénicas y sanitarias. Por eso, los mejoramientos realizados por Prosperidad Social han incluido capacitación en prácticas de manipulación de agua y almacenamiento, adecuado aprovechamiento y recolección de las basuras, lo que elimina del ambiente plagas y vectores de enfermedades y promueve hábitos de vida saludable con una conciencia ambientalmente sostenible en los hogares participantes.

En uno de esos talleres Mercedes aprendió a clasificar los residuos sólidos. “Ya casi no hay ratas ni zancudos. A mi hijo mayor le dio malaria dos veces, pero ya, como todo se mantiene limpio y no hay mosquitos, no le volvió a dar”. Incluso recuerda con desagrado que las ratas se subían al mesón de la cocina. Tenía que rociarlo con blanqueador cada vez que iba a utilizarlo para que la familia no adquiriera infecciones.

Desde la conformación del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, prosperidad social ha ejecutado un presupuesto de $3.7 billones en 2.450 proyectos de infraestructura social y hábitat que corresponde a más de 3.270 proyectos de infraestructura social y más de 30.000 mejoramientos directos de vivienda.

Familias en Su Tierra - FEST, esperanza para víctimas de desplazamiento en Colombia

En 2004 para los Marín Quinchía el desplazamiento forzado dejó de ser un tema ajeno que afectaba a miles de familias en el país.  A las 3 de la mañana, un día de marzo o abril de ese año, un grupo armado llegó hasta la vereda Bonilla, del municipio El Peñol (Antioquia) y los sacó de su casa. Muertos, heridos, horror y miedo envolvieron esa fría madrugada que ha marcado sus vidas. Una época caracterizada no solo por la violencia si no por ese flagelo que solo cuatro años atrás había sido tipificado como delito.  

La violencia se había recrudecido contra la población civil. Pero en ese mismo año se daría un gran logro: la Corte Constitucional incidió en el diseño de la política pública sobre desplazamiento hacia un enfoque de derechos. Con la sentencia T-025 de 2004, por primera vez un tribunal constitucional reconoció la crisis humanitaria como resultado del desplazamiento forzado. Un alivio para los desplazados que no eran atendidos de manera adecuada y oportuna. Un tema que hasta esa fecha había sido tratado y visto solo como un efecto colateral del conflicto armado en Colombia. 

La familia Marín Quinchía no quería volver, el miedo los hacía pensar que mantenerse alejados de su tierra era la mejor forma de cuidar su integridad. Y aunque salieron de su casa sin nada, encontraron la forma de rebuscarse la vida durante un año.

En esos 12 meses Miller fue varias veces a la finca a hurtadillas, hacía alarde de su valentía y sentía que no podía dejar del todo su tierra porque a ella volvería: “Yo me iba escondido desde el municipio hasta la vereda. Tenía sembrado tomate y fríjol y no lo quería dejar morir porque mi corazón sabía que regresaría, pero por mi familia tuve que alejarme definitivamente” cuenta.

En el 2005 se enteraron de que el orden público mejoró. Al parecer la presencia del Estado se había extendido a zonas antes dominada por grupos ilegales y había vuelto la paz y la normalidad, así que decidieron retornar a su casa. Estaba igual, pero el cultivo de tomate y el de fríjol habían muerto. Seguía viva la esperanza de hacer florecer nuevamente la tierra que le daría sustento a su familia. Era tiempo de comenzar de nuevo.

Arrendaron unos terrenos cerca de su casa. En adelante el café se convertiría en el fruto de esperanza. Esta familia conformada por Miller Marín, su esposa Nubia Quinchía, Catherine (la hija mayor) y Laura (la menor de la casa), estaría al frente de una nueva oportunidad con aroma y sabor a café suave y excelso.  Miller, hijo de un mayordomo de finca con el que aprendió todos los secretos del campo, y Nubia, que nació y creció recogiendo café, tenían en estos aprendizajes bases fuertes para aprovecharla.

A través de Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas, el Gobierno Nacional cuenta con un programa con el que se busca que los hogares víctimas del desplazamiento forzado tengan la oportunidad de retornar a sus tierras o vivir de nuevo en la ruralidad, a través de una intervención integral que incluye el fortalecimiento de las personas y la comunidad, la seguridad alimentaria, la habitabilidad y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos. Este programa se llama Familias en Su Tierra (FEST).

Los Marín Quinchía se enteraron de la existencia del programa por la radio. Luego de inscribirse recibieron apoyo para mejorar su vivienda y para su huerta casera en la que siembran zanahoria, cilantro, lechuga, maíz y con la que retomaron el cultivo de fríjol.

Familias en Su Tierra es un modelo rural que ha atendido a más de 127.000 hogares víctimas de desplazamiento. Promueve el acceso a alimentos para autoconsumo a través de la implementación de huertas caseras, fortaleciendo capacidades en técnicas de producción, sostenibilidad y mejoramiento de hábitos saludables.

También aporta a la generación de ingresos a partir de la creación o fortalecimiento de proyectos productivos y fomento a sus capacidades sociales y personales, contribuyendo así a su estabilización socioeconómica, el empoderamiento y la promoción de procesos de arraigo y resiliencia de los hogares beneficiados.  

“Querer el campo, organizarnos mejor no solo como familia sino como comunidad, aprender mucho más sobre alimentación sana y tener la oportunidad de recibir apoyo del Gobierno para mejorar mi vida y la de mi familia, es lo mejor que me ha dejado hasta hoy el ser parte del programa Familias en Su Tierra”, dice Miller.

*fotos: cortesía de David Estrada.

IRACA: atención integral con enfoque diferencial que empodera a las comunidades

No dejaron su territorio a los violentos. No lo dejaron porque sabían que, si cedían, en el futuro sus hijos serían los violentos.

Ha vivido 65 años, 25 de ellos entre el hostigamiento y las balaceras. El líder comunitario Delfino Mena decidió quedarse en Tutunendo, corregimiento de Quibdó. Quedarse y resistir. Miembros de la comunidad, el Consejo Comunitario y él -como enlace del programa IRACA en el corregimiento- se reunieron un día junto al balneario Punta Roca y decidieron que no se irían nunca de sus tierras.

Tutunendo llegó a ser uno de los lugares más violentos del país, sufriendo hasta 10 hostigamientos por mes. “Imagínese, en Bojayá tiraron una pipeta y mataron 119 personas. Acá tiraron cinco. Por fortuna no murió nadie. Quizá fue nuestra patrona, la niña María, que nos protegió”, dice Delfino.

Pese a todo, no querían que sus hijos se fueran a la cabecera municipal de Quibdó, posiblemente a servir de mandaderos de los grupos armados ilegales. El desplazamiento era una condena, era admitir la derrota. Los más de 3.500 habitantes de este pueblo ubicado a 30 minutos de la capital de Chocó, tomaron la decisión de dar continuidad a IRACA, programa que llegó a través del Prosperidad Social.

El proyecto los motivó: “Resucitamos. Nos habíamos ido sin siquiera movernos. Con esto, definitivamente volvimos. Fue un momento muy tenso para nuestra comunidad”, comenta Ana María Robledo, lideresa y participante del programa.

El programa podía convertirse en un proyecto productivo y a eso se aferraron. Antes de la guerra este corregimiento proveía frutas, verduras, aves y peces a municipios aledaños. Con la violencia pasaron de ser proveedores a consumidores. 

IRACA atiende con enfoque diferencial a las poblaciones indígenas y afrodescendientes víctimas del conflicto armado, residentes en territorios colectivos. Contribuye a su empoderamiento y desarrollo a través del fortalecimiento social y productivo, y cuenta con una ruta integral de trabajo que aporta a la soberanía alimentaria. A través de IRACA se han acompañado más de 57.000 hogares étnicos en 17 departamentos y 50 municipios, con una inversión de más de $ 80.000 millones. Su participación ha facilitado el acceso a alimentos para el autoconsumo y la implementación de proyectos productivos comunitarios.

“Para aquel entonces, era tanta la violencia que vivíamos que Prosperidad Social paró el proyecto. Pero fue el mismo proyecto -IRACA- el que nos dio esperanza y nos ayudó a resistir. Nos dimos cuenta de que si dejábamos caer lo que ya habíamos construido íbamos a empezar a desplazarnos hacia Quibdó y no queríamos eso”, asegura Delfino.

Después de eso, la violencia siguió por varios años más. El proceso de resistencia y la decisión de dar continuidad al programa, logró que después de tanto tiempo se volvieran a ver racimos de plátano en los andenes. “Eso fue increíble, duramos muchos años sin saber qué era producir ‘el pan coger’, todo lo que comíamos teníamos que traerlo de Quibdó”, recuerda.

Los hombres trabajaban en el campo, en los cultivos de piña, plátano y otros frutos, y las mujeres trabajan en la casa, en los jardines, sembrando tomate, cebolla y criando las gallinas.  La participación de la mujer fue fundamental. “Esto era casi por mitades, con decirle que éramos, la verdad, más mujeres que hombres. Nosotras tomábamos nuestras decisiones y también arrancamos para el campo, le dimos valor al proyecto e incluso IRACA nos formó, y capacitó, aportó recursos para nuestra caseta. Somos un grupo de 18 mujeres emprendedoras, trabajamos la caña, tenemos un trapiche y maquinaría. Nuestra asociación se llama Asomutuo, Mujeres Unidas de Tutunendo”, comenta Ana María.

Durante el proyecto, la comunidad de Ana María recibió también semillas para siembra de yuca, piña, plátano y otros alimentos como alevines: cachamas y tilapias. Uno de los beneficiados fue Raúl Mena y su octogenario padre. “A eso de las 6 de la mañana estamos en los piñales, cortando. De ahí uno sale a venderlas acá en la carretera y otras se mandan hacia Quibdó. Estamos en plena cosecha. La piña tarda en darse entre 15 y 20 meses. Estamos sacando diario unas 150 piñas, y las vendemos según el tamaño entre 2.000 y 3.000 pesos. Nosotros ya sembrábamos, pero el programa nos fortaleció, extendimos la siembra. Nos dieron un tanque, herramientas y semillas. En cosecha alcanzamos a emplear hasta cuatro trabajadores. Realmente, esto nos unió más, ahora pensamos más en el otro”.

Epifanio y Raúl son familiares, ambos beneficiarios de IRACA, pero tomaron actividades diferentes. Esto también sirvió para promover el trueque de productos. La participación se extendió de tal manera que para darle sostenimiento al proyecto crearon la Asociación Agrícola de Tutunendo. “Tejimos comunidad en medio de la adversidad y la violencia, de no haber sido así nos hubiésemos separado, no estaríamos acá”, afirma Delfino. 

Comprometidos y con la fe puesta en que podrían producir en medio de la guerra, Delfino y sus vecinos se dividieron por tipo de actividad: agricultura, piscicultura o avicultura. “Así no sentimos el peso de nada, acá vivimos en comunidad, todos somos hermanos. Mi sueño es ver esta tierra produciendo y creciendo”.

Los tutunendeños se organizaron e incluso abandonaron actividades que venían ejerciendo por décadas y que luego quedaron por fuera de la ley. “Debido a lo que veníamos viviendo -el conflicto armado-, nos organizamos. Yo antes era minero, pero la minería por acá es ilegal, así que decidí cambiar de actividad”, expone Henry Valencia, vicepresidente de la Asociación de Peces de Tutunendo.

A través del acompañamiento técnico y social, IRACA promueve los sistemas productivos y el fortalecimiento social y organizacional de las comunidades, realizando acciones, sobre la base de los saberes locales y regionales, así como promoviendo la incorporación de buenas prácticas productivas y comerciales que fortalezcan las economías propias en el marco derechos fundamentales a la autonomía y gobierno propio, identidad cultural y del territorio, de las comunidades étnicas.

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